Las regulaciones que impactarán el ecosistema fintech en el 2021

En la actualidad, países en vía de desarrollo como Colombia requieren de sistemas financieros más dinámicos, competitivos, resilientes e inclusivos, acordes al contexto de transformación digital y tecnológica que se vive a nivel internacional.

Por lo anterior, en el mes de octubre, la Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia divulgó un documento titulado: “Política pública para un mayor desarrollo del sistema financiero (2020-2025)”, cuyo propósito está encaminado a fortalecer y dinamizar el sistema financiero, para que este sirva como motor de crecimiento económico y generador de bienestar social en el país.

En este documento, el Gobierno Nacional se plantea como objetivos estratégicos: promover la transformación eficiente del ahorro y la inversión, facilitar y fomentar la digitalización, consolidar la seguridad y estabilidad del sistema financiero, impulsar el acceso universal al sistema de pagos electrónicos y fortalecer el marco institucional. 

Los objetivos formulados contienen acciones, planes estratégicos e instrumentos dirigidos a la consecución de cada uno de los propósitos establecidos. Algunos de ellos se describen a continuación.  

Transformación eficiente de ahorro e inversión. En ella se proyecta la profundización del mercado de capitales, a través de la intervención funcional del Gobierno, la administración de portafolios de terceros, la ampliación de los mecanismos de oferta, la simplificación del régimen de emisores y la expansión de la base de inversionistas, por citar algunos ejemplos.

Con relación a las empresas fintech, se prevé un marco normativo propicio para la escalabilidad de su operación en la región, a partir de la implementación de principios regulatorios similares al existente en algunos países de la región, tal es el caso, de la iniciativa sandbox. 

Igualmente, se busca fortalecer las capacidades de protección respecto a ciberataques, por medio de mecanismos de intercambio de información de alertas entre los Estados miembro de la Alianza del Pacífico.

Facilitar y fomentar la digitalización. En esta se busca la inclusión financiera digital, por medio del: open banking, la portabilidad de cuentas, los seguros inclusivos y la educación económica y financiera sobre servicios digitales como lo son: los pagos electrónicos y los canales virtuales.

En cuanto al open banking, el Gobierno estudia la posibilidad de expedir un decreto que promueva la implementación de un esquema de arquitectura financiera abierta bajo una aproximación voluntaria y escalonada. Y, en relación con la portabilidad de cuentas, el Gobierno examina la posibilidad de garantizar a todos los consumidores financieros el derecho a mantener su número de cuenta y la información relacionada en ella.

Seguridad y estabilidad del sistema financiero, la cual pretende ser conseguida a través del fortalecimiento del gobierno corporativo, la gestión responsable de entidades financieras con base en criterios ambientales y sociales, la convergencia de estándares internacionales y una nueva aproximación de riesgo, en la que se tiene previsto distintos aspectos, como la vulnerabilidad ante el COVID-19.

Acceso al sistema de pagos. En esta línea el Gobierno busca promover acceso universal, eficiente y seguro al sistema de pagos de bajo valor por parte de toda la población, por medio de las nuevas tecnologías y la innovación financiera. Ejemplo de lo anterior es la digitalización de pagos y recaudos del Gobierno Nacional, a saber, los subsidios, impuestos, pago nómina, entre otros.

Fortalecer el marco institucional. Con el fin de mantener y afianzar un marco de política regulatoria y de supervisión financiera se promoverán acciones para fortalecer a las entidades como la Unidad de Regulación Financiera y la Superintendencia Financiera de Colombia. 

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Subido el

13/1/21

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